Procesos históricos |
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El fomento de los diálogos fortalece la democracia, especialmente, en países y regiones en las que está en proceso de afianzamiento y se requiere de nuevos mecanismos de participación. Éstos contribuyen a cimentar una democracia de ciudadanos y ciudadanas, abriendo la puerta a debates, intercambios, participación y demanda de derechos. Desde una perspectiva de cultura política, el debate abierto, la discusión, la actitud de escuchar y ser escuchado contribuye a la profundización de una cultura democrática en la que las diferencias son aceptadas y la diversidad asumida como una ventaja. Se trata de un juego donde todos ganan, y donde la confrontación de valores puede ofrecer resultados superadores. |
El PNUD desarrolla un esfuerzo permanente a favor del fomento y apoyo de procesos de la construcción de alianzas y acuerdos que promuevan la participación, la rendición de cuentas y la elaboración de propuestas consensuadas. Con ello, ayuda a las naciones a fortalecer sus sistemas electorales y legislativos, a mejorar el acceso a la justicia y la capacidad de brindar servicios básicos a los más necesitados. En este contexto el PNUD en Panamá, fomenta y apoya procesos de Diálogo como una herramienta para superar las asimetrías instaladas a lo interno de los países y que afectan la gobernabilidad. |
El PNUD es reconocido por todos los actores por:
Procesos de Diálogo en PanamáEn Panamá se han desarrollado experiencias exitosas de diálogo y concertación para abordar algunos temas de Estado, reconocidos por todos como prioritarios para el país. |
Los encuentros de Bambito I, II y III fueron llevados a cabo entre 1993 y 1994, con el fin de asegurar el éxito y la confianza en las elecciones presidenciales de 1994, que eran las primeras luego de 21 años de regímenes autoritarios y construir una agenda de país que sirviera de marco de referencia para la gestión democrática que se iniciaba.
En medio de un clima de división, desconfianza y confrontación, agravado por los efectos de la cruenta invasión, Panamá confrontaba en los primeros años de 1990, el gran reto de reconstruir su institucionalidad.
Dado ese clima, no se encontraba un mecanismo para que las partes en conflicto pudieran sentarse con respeto y tolerancia en una mesa de diálogo para establecer algunas pautas y normas que condujeran a la gran reunificación de la familia panameña. Al principio parecía imposible por las discrepancias tan profundas de los grupos políticos, pero la intervención de jugadores importantes tanto nacionales como extranjeros permitió que estos grupos se sentaran en una misma mesa de diálogo posteriormente.
La primera iniciativa orientada a crear espacios de diálogo fue liderada por la Comisión de Justicia y Paz y expresada en el acuerdo suscrito en Mayo de 1993, conocido como el PACTO ETICO ELECTORAL DE SANTA MARIA LA ANTIGUA.
Luego, en Agosto de ese año, a iniciativa del PNUD, el sistema de la ONU en Panamá invitó a los líderes de las organizaciones políticas y sociales del país a entablar un diálogo que permitiese alcanzar acuerdos básicos sobre los temas prioritarios que el Estado y la sociedad panameña debían enfrentar, y que contribuyese a reducir la desconfianza sobre el proceso electoral.
La invitación fue acogida por todas las instituciones, dando lugar al primer Encuentro Nacional Unidad y Desarrollo Humano conocido como Bambito I, una iniciativa del PNUD que contó con el apoyo de Justicia y Paz, el apoyo del Tribunal Electoral y de los partidos.
Con el encuentro Bambito I se inicia el proceso de diálogo y concertación que llega a hasta nuestros días. Este diálogo sentó las bases para que a partir de entonces, los panameños optaran por la vía del diálogo para resolver cuestiones en una forma abierta y consensuada. Bambito dejó como saldo, el primer lineamiento delo que posteriormente habría de convertirse en una agenda de temas de estado.
En éste, los y las participantes consensuaron los temas como el de desempleo, pobreza, educación, salud, áreas revertidas y modernización institucional como prioritarios para la formulación de políticas de Estado.
Bambito I permitió el encuentro entre grupos y personajes antagónicos, distanciados y alejados entre sí. Se logró construir una atmósfera que luego posibilitó que la metodología y dinámica diseñadas produjera los primeros lineamientos y acuerdos que todavía hoy son un referente obligado en la gestión pública.
Bambito I contó con la colaboración clave de los ex-presidentes Belisario Betancourt de Colombia y Julio María Sanguinetti de la República de Uruguay, gestionada por el PNUD.
El encuentro Bambito II se llevó a cabo en abril de 1994. Éste se desarrolla como preámbulo a las elecciones presidenciales del 8 de mayo de 1994. En ella participaron cinco de los siete candidatos presidenciales, representantes del sector laboral y empresarial, así como altos representantes de la Iglesia Católica, del sector universitario e invitados especiales, entre ellos el Vicepresidente de la República.
En este encuentro los candidatos presidenciales reafirmaron los compromisos adquiridos en el encuentro anterior. Bambito II ratificó el espíritu de distensión política y fortaleció la confianza en el proceso electoral por venir. Todos los candidatos presidenciales se adhirieron a la Declaración de Bambito y la incorporaron a sus programas de gobierno.
Todos los líderes de los partidos políticos participantes, acordaron el compromiso de elevar la calidad de vida de los panameños, implícita en los lineamientos del Desarrollo Humano. Ello contribuyó a consolidar el ambiente de confianza en el cual se dio la elección de mayo de 1994, y robusteció el compromiso con el desarrollo del proceso democrático.
Las elecciones del 8 de mayo de 1994 son consideradas como ejemplares en toda la historia política panameña. La realización de unas elecciones transparentes, el traspaso de un gobierno electo a otro, en el contexto de una sociedad polarizada post invasión, sentó las bases para el protagonismos de una nueva cultura electoral, que a partir de entonces sse ha ido superando así misma.. Lo anterior permitió que se cumplieran los objetivos de los diálogos Bambito I y II
Los días 4, 5 y 6 de diciembre de 1994, a menos de 100 días de la toma de posesión del nuevo gobierno, se celebró el tercer encuentro, para lograr acuerdos concretos en algunos de los temas definidos con anterioridad y expresados en la Declaración de Bambito. Cuatro (4) hechos lo diferencian de los Bambitos anteriores.
Bambito III perseguía, entre otros objetivos, la institucionalización del diálogo político y social. Dichas propuestas fueron respaldadas por documentos que se enviaron previamente a los participantes por parte del PNUD, el Centro Carter y el ESADE.
Los documentos suscritos señalan el compromiso de crear un foro permanente, que permita continuar con el diálogo en temas de dimensión nacional. Para esto se acordó que la Universidad de Panamá y la Universidad de Santa María la Antigua con el apoyo técnico del PNUD, asumieran la responsabilidad de convocar y desarrollar los esfuerzos necesarios para el éxito del foro.
En Bambito III se firmó un acuerdo socioeconómico histórico entre empleados, empleadores, gobierno y representantes de la sociedad civil: “El Pacto de Compromisos para el Desarrollo”, promovido por la Fundación del Trabajo. Es de mencionar que, producto del incremento de las relaciones y discusiones al interior de la sociedad civil, Bambito III estimuló la fundación de la Asamblea de la Sociedad Civil.
Firmados los Tratados Torrijos-Carter en 1979, que establecían el traspaso a Panamá de la Administración del Canal, los panameños enfrentaban con cierto temor e incredulidad esta tarea. En juego estaba, no sólo diseñar un modelo de gestión que permitiera el disfrute de este recurso en beneficio de las grandes mayorías sino el blindaje necesario que lo pusiera a salvo de los vaivenes e intereses de la política y garantizara un servicio eficiente.
Fue así como en 1995 y 1996 el PNUD asumió nuevamente un rol facilitador en los encuentros llamados Panamá 2000 que se realizaron en Coronado (por lo que también son conocidos como Coronado I, II y III).
En estos diálogos se buscó llegar a acuerdos sobre la transferencia del Canal a manos panameñas y la reversión de las zonas militares estadounidenses previstas para el 31 de diciembre de 1999.
El resultado de este proceso, que incluyó a autoridades gubernamentales, de los partidos políticos y de la sociedad civil fue la aprobación de una declaración final denominada "Visión Nacional Panamá 2000… y Adelante". En la declaración se estableció el compromiso de administrar el Canal de manera efectiva, sin intereses partidistas o sectoriales.
Con el fin de lograrlo, se acordó crear un foro permanente de diálogo interactivo ligado a los siguientes cuatro temas:
Sin duda alguna, este ejercicio es reconocido como el más exitoso de los esfuerzos de concertación realizados y facilitados por el PNUD.
A mediados de 1998, en el país se vivía una efervescencia producto del próximo traspaso del Canal de Panamá y sus bienes. Adicionalmente, se debatía el propósito de consolidar el sistema democrático que se había reinstalado en el país hacía casi 10 años. Lo anterior abría una oportunidad histórica para mejorar el nivel de desarrollo y bienestar de los panameños.
Este escenario fue el marco preciso para que se planteara la posibilidad de realizar un amplio diálogo sobre el Panamá que se quería a futuro. Esta idea fue tomando más forma el 2 de mayo de 1997 en una reunión sostenida entre representantes de la sociedad civil y el PNUD.
Ese proceso de diálogo se basó en buscar las realidades y aspectos que unieran a toda la sociedad panameña sin importar tendencias o ideologías políticas. La búsqueda de estas realidades, dejó evidenciado las ventajas comparativas del país.
Durante las conversaciones de consenso quedó claro que Panamá cuenta con una posición geográfica interesante para la atracción de recursos para la inversión que contribuye a la generación de empleos y la creación de riquezas. A lo anterior, se le unía el traspaso del Canal y todos sus bienes que generarían más oportunidades para todos los sectores productivos del país.
Los aspectos antes mencionados implicaban impulsar un conjunto de políticas de desarrollo para aprovechar el transporte internacional, los servicios marítimos, el desarrollo portuario, la banca y el turismo, y que están íntimamente relacionadas con el comercio, la agricultura y la industria. Esta visión fortalecía el objetivo de convertir a Panamá en uno de los centros de actividad económica y humana más importante de América Latina.
A esas ventajas comparativas, como la posición geográfica, deberían integrarse las competitivas. Éstas últimas relacionadas con mejorar el nivel educativo de la juventud, invertir en producción científica y tecnológica, salud, empleo y productividad del país; y con ello, una mejora sustancial de la calidad de vida de los panameños.
Para alcanzar esa visión de país y metas establecidas para el 2020, el Estado y los actores de la sociedad civil tendrían un papel importante. Y se estableció que Panamá para el año 2020 presentará ventajas competitivas (educación, salud, empleo, etc.) en relación con los otros países de la región.
El proceso contó con la colaboración de diversos profesionales panameños que dieron apoyo a la idea, tales como Rubén Lachman, Stanley Heckadon, Jorge Giannareas, Ricardo Bermúdez, Francisco Herrera, entre otros. Adicionalmente, se invitó a participar a distintos centros académicos.
El debate sostenido entre los delegados de los centros académicos, representantes de partidos políticos y los intelectuales antes mencionados, permitió desarrollar la siguiente visión:
“Panamá es una nación soberana, democrática y multicultural, que goza de un pleno Estado de Derecho. El Istmo, como puente geográfico y biológico de las Américas, es uno de los más importantes epicentros de ciencias tropicales, terrestres y marinas del mundo y uno de los más importantes centros de actividad económica de América Latina. Panamá ha desarrollado de forma sustentable sus ventajas competitivas sobre la base de la educación, la salud, el empleo y la productividad, lo que ha permitido remuneraciones adecuadas a su población. Las personas en condiciones vulnerables reciben una atención equitativa y un trato solidario. La sociedad panameña mantiene una alta calidad de vida y la riqueza de su patrimonio natural y cultural”.
La metodología establecida implicaba, no solo definir una visión del país, sino también señalar las metas (objetivos generales) y los objetivos operacionales (específicos), para alcanzar la visión. Dentro de ese escenario también se estableció que los partidos políticos que resultaran ganadores en el proceso electoral podrían tener su propio estilo de gobierno y definir sus propias acciones y proyectos, pero siempre enfocados en esas metas que permitieran alcanzar para el 2020 el país que todos queremos, mejorando la calidad de vida y desarrollo humano de la población.
El resultado de las jornadas de debate y dialogo dejó como conclusión que la Visión Panamá 2020 debería sustentarse en cinco elementos claves:
Dentro de todo este proceso de reuniones, el PNUD aportó toda la experiencia en la realización de estos procesos tanto en Panamá como otros países; así mismo fue el facilitador del proceso de diálogo entre la Sociedad Civil, los Partidos Políticos y el Gobierno con el objetivo de definir una imagen-objetivo del país en el año 2020. El documento elaborado está llamado a servir como una guía para el desarrollo del país, conjugando propuestas, metas y mecanismos de monitoreo.
El Pacto de Estado por la Justicia fue suscrito en marzo de 2005 por el Presidente de la República y éste es el compromiso nacional asumido por los titulares de los tres órganos del Estado, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo y representantes de la sociedad civil, con el propósito firme de reestructurar y modernizar el sistema judicial panameño a fin de que el mismo sea independiente, transparente y eficiente.
Esta iniciativa surge a raíz de una serie de escándalos por supuestos actos de corrupción que evidenciaban problemas en la aplicación de la justicia en Panamá desde mediados de 2002.
La visión de la reforma judicial planteada por el Pacto de Estado por la Justicia es tener un sistema de administración de justicia transparente, independiente y eficiente, con funcionarios judiciales idóneos e imparciales que rindan cuenta de su gestión, mediante una evaluación eficaz que permita determinar que se cumple con el debido proceso legal, mediante una tutela judicial efectiva, expedita e igualitaria que transmita confianza ciudadana en la Justicia.
Los integrantes del Pacto reconocieron la urgencia de dirigir su orientación, esfuerzos y recursos a lograr una reforma judicial integral que incluya:
Finalizado el proceso se crea la Comisión de Estado por la Justicia en la Procuraduría de la Administración que inició labores el 16 de marzo de 2005. El apoyo a la Comisión ha permitido al PNUD trabajar con todas las instituciones del sector a la vez, buscando la coordinación y el diseño de políticas públicas para el sector en su totalidad.
El aporte del PNUD a este proceso contribuyó al logro de un nuevo esfuerzo de direccionamiento del Órgano Judicial y que se mantiene al día de hoy.
“Quien educa lo hace a partir de la esperanza, convencido de que a través de dicha tarea podrán mejorarse tanto las condiciones y calidad de vida del educando, como superar las brechas de inequidad, pobreza y marginación.” PNUD (2002) Una Cita con la Esperanza, Memoria del Diálogo por la Transformación Integral del Sistema Educativo Nacional.
A inicios de la década del 2000, la entonces Presidenta de la República, Mireya Moscoso, solicitó al PNUD facilitar un proceso de diálogo que contribuyese a mejorar la calidad y el desempeño del sistema educativo nacional. Durante un período de diez meses, dirigentes magisteriales, representantes de los partidos políticos, del sector empresarial y de trabajadores, estudiantes y la sociedad civil formularon propuestas y construyeron consensos en torno a cuatro ejes temáticos:
Entre otros varios resultados de este proceso de diálogo, se logró elaborar dos ante-proyectos de Ley que tratan lo pertinente al proceso de descentralización y la asignación de recursos para la educación (FECE) que serían entregados a nivel de las Direcciones de Centro Educativo.
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